En el marco de la firma de convenios con Municipios de la región del Istmo donde se contó con la presencia del ombudsman Oaxaqueño Bernardo Rodriguez Alamilla y el Consejero Ciudadano Emilio De Gyves Montero, este último dijo en entrevista ante medios de comunicación que estos convenios promovidos por la Defensoría tienen como objeto alinear esfuerzos institucionales entre el organismo autónomo y los poderes públicos para la promoción y defensa de los Derechos Humanos a partir de la capacitación permanente de los servidores públicos.
En ese sentido dijo que estos deben considerar y garantizar en sus acciones cotidianas el cuidado, protección y respeto a los Derechos de las personas y esto en el concepto más amplio expuso Gyves Montero y ejemplificó algunos casos como la libre manifestación, la consulta previa, libre e informada, derechos de las Mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, derechos de la comunidad LGTTBI incluidos los servicios públicos para garantizar la seguridad y salud de las perdonas entre otras comentó el integrante del Consejo Ciudadano de La Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
A pregunta expresa de cómo visualiza la consulta que se lleva a cabo en la comunidad de Unión Hidalgo donde existen opiniones a favor y en contra de un proyecto que se pretende desarrollar, De Gyves Montero expuso qué hay una sentencia del Juzgado Federal derivado de un amparo promovido por una de las partes donde se determina entre otros puntos la participación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a fin de garantizar que en el proceso de consulta y en cada una de las etapas se garantice el respeto a los Derechos Humanos de la comunidad y al mismo tiempo se ha solicitado por los mismos pobladores la participación de este organismo autónomo como órgano garante del proceso.
Como consejero pero también como istmeño celebro la inclusión activa de la Defensoría en este proceso de consulta pues por vez primera se vuelve vinculante su participación al determinarlo así un órgano jurisdiccional lo que sienta un precedente también para futuros procesos y continuó diciendo, que ha expuesto ante los organizadores la importancia de poner todo el esfuerzo para incentivar el diálogo permanente entre los actores para evitar conflictos por posturas encontradas al interior de la comunidad. La intervención de cualquier instancia, institución o ente público y privado debe ser para fortalecer la cohesión de la comunidad No para dividirla remarcó y concluyó y diciendo que se debe escuchar a todos los involucrados toda vez que estos procesos deben ser libres, sin coerción, permitiendo que sea la propia comunidad en su libre autodeterminación, debate y análisis quien decida a través de su asamblea.
